El titular del Partido Justicialista (PJ) y diputado nacional por el Frente Para la Victoria (FPV) Fabián Ríos, salió al cruce de las declaraciones del gobernador Ricardo Colombi, quien indicó que el corte del suministro eléctrico al Palacio Municipal capitalino se produjo por deudas impagas.
“El corte de energía tiene una simbología política” señaló Riós, “es la vieja voluntad que tiene Ricardo Colombi para disciplinar” agregó.
En ese sentido, reseñó que “cuando Nora Nazar de Romero Feris gobernaba el Municipio, le cortaban los recursos de coparticipación para que no pueda pagar sueldos. Hoy no tiene esa libertad pero busca el disciplinamiento de otra forma. Es una herramienta que usó siempre, y hoy lo repite”.
Para el candidato a Intendente por el peronismo, si la cuestión de fondo pasa por “pagar lo que se debe” el titular del Ejecutivo provincial y el Ministro de Hacienda son los menos indicados para “venir a decírselo a la Municipalidad”.
Antes de hacerlo, pidió al Gobernador que “pague la evasión impositiva por las viviendas que tiene. Que diga de dónde salieron los fondos para las propiedades que le regaló Laslo. Que explique esas cosas a la sociedad que son mucho más graves y profundas y que no pretenda disciplinar con estas situaciones a gobiernos que no comparten para nada el criterio de construcción conservador que tienen”.
Hace dos años, cuando La Poderosa no tenía Garganta, Clarín y La Nación aprovecharon para presentar nuestra intervención del 24 de marzo, como ellos mismos la dibujaron, con fotos sacadas de contexto y reflexiones de esos dinosaurios que no pisan la Plaza desde hace décadas. Informaron que habíamos llevado niños a escupir “periodistas críticos”, en una ...marcha a la que fuimos sin chicos y en la que distintos juegos señalaban a los “cómplices civiles de la dictadura”, acompañados de contundentes argumentos, argumentos que jamás publican, ni responden, porque no tienen cómo. Argumentos que los vinculan a la tortura, la desaparición y la muerte, siempre más violenta que cualquier metáfora o representación simbólica.
Por aquel entonces, Sarlo nos presentó como “una organización guevarista, nacionalista y virulenta, hasta próximo aviso”. Y el próximo aviso fue la catarata de rosas que arrojaron sobre nuestras asambleas por la “maravillosa revista de las villas”, ésa de la que viven choreando testimonios, para seguir vendiendo lo que les conviene, cuando les conviene. Ahora, tergiversando una consigna que los compromete, en la marcha de los Organismos de Derechos Humanos, “Civiles cómplices a los penales”, Clarín nos presenta como “una organización K”, en el mismo texto que titula: “Escracharon a aliados K”. Para aclaración, vale el absurdo de la propia nota, donde sólo recortan las acusaciones a Gerardo Martínez, Julio Grondona y Franco Macri, omitiendo los otros 27 cómplices señalados y todas las empresas partícipes del terrorismo de Estado, entre las que por supuesto se encuentra la mafia que conduce Ernestina Herrera de Noble. Seguramente, aquella consigna de 2011, para “escupir la bronca”, aun siendo una mínima parte de la intervención y por supuesto sin estar dirigida a los niños, pudo haber sido desacertada, sobre todo porque les hizo fácil desviar el foco de atención. Por eso, este año, pensamos otro modo de instalar la reflexión sobre los genocidas civiles, sin darles margen a que desvirtuaran la discusión. Pero una vez más, volvieron a contar la historia que inventaron… Quienes se apropiaron de Papel Prensa, brindando con Videla y amenazando a Lidia Papaleo, con las manos llenas de sangre, pretenden de pronto estigmatizarnos, encasillarnos y pintarnos de violentos, cuando la consigna rezaba claramente una referencia directa a la condena judicial, desde una intervención artística y pacífica. Para ellos, ahora, los mismos pobres buenos que entrevistamos a Messi, somos extremistas K y Anti-K al mismo tiempo. Para nosotros, manga de genocidas impunes, violencia es esto, esto que gritamos en 30 arcos el Día de la Memoria, aunque ustedes sólo hayan visto 3:
1) GONZALO DALMACIO TORRES DE TOLOSA: Abogado, civil, formó parte del Grupo de Tareas 3.3.2 y fue Secretario del Juzgado de Instrucción Nº 9. Hoy, está imputado por los casos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, pero también por sus familiares secuestrados, entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Y por si no fuera suficiente, como responsable de los Vuelos de la Muerte, por más de 500 víctimas, acusado de haber sido coautor de la privación ilegal de la libertad y la aplicación de violencia, además de partícipe necesario de homicidios, sustracción, retención y ocultación de menores de 10 años de edad; todos delitos agravados por su condición de funcionario público.
2) SAMUEL GELBLUNG:
Cuando se produjo el Golpe, el ahora bizarro conductor era Jefe de Redacción de “Gente”. Un año después, ya figuraba como “subdirector”. Además de atacar a las Madres, su revista le ofrecía espacio a los genocidas en la sección “Vidriera”, intentando insuflarles humanidad. Algunos testigos afirman que, en las reuniones editoriales, en Atlántida, participaban “hombres de uniforme”. Y para disolver todo tipo de dudas, el 25 de mayo de 1978, Gelblung hizo una nota desde Francia, acerca de las acusaciones de organismos de DD.HH. y de exiliados argentinos en París, que se tituló: “Cara a cara con los jefes de la campaña anti-argentina”. Allí, cargó su máquina y disparó: “El terrorismo abrió un frente externo… Pero el país no está desarmado para hacerles frente”.
3) JOAQUÍN MORALES SOLÁ: En 1975, Clarín lo convocó para ser prosecretario de la sección Política, en Buenos Aires. Y ya en marzo del 76, el ahora solemne editorialista compartió un asado con el genocida Antonio Bussi, en el Regimiento de Infantería 19, de Tucumán, a metros de un Centro Clandestino de Detención. Allí, el general le obsequió un pergamino que agradecía “su colaboración en la lucha contra la subversión”, probada por demás con sus columnas en La Gaceta de Tucumán, donde no ahorró elogios al “Operativo Independencia”, antesala de la eliminación sistemática de personas que más tarde implantó la dictadura militar.
4) MARIANO GRONDONA: Creador de las “Bases Políticas para la Reorganización Nacional”, que llevan la firma de Agosti, Mariano Grondona asesoró también al brigadier Basilio Lami Dozo, el ex miembro de la Junta de Comandantes que lo hizo aterrizar en la Fuera Aérea, “porque lo veía un hombre de Estado Mayor”. Apoyó a la dictadura, desde su mensuario “Carta Política” y sus editoriales en “El Cronista Comercial”, bajo el seudónimo de Guicciardini, un político italiano que impulsó la fuerza como garante del orden. Cuando llegó la CIDH, Grondona escribió: “El Estado puede violar los DD.HH. de dos modos: el directo, por abusos, o el indirecto, cuando admite que el subversivo se enseñoree del campo y administre el miedo. Peor que la tiranía, es la anarquía, donde no hay un tirano, sino miles Por evitarlos, los argentinos recibimos hoy la visita de la CIDH, Esto es lo malo. Que están aquí, porque somos derechos y humanos”.
5) GERARDO MARTÍNEZ: De la mano de Norita Cortiñas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la CORREPI y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, entre otros organismos de DD.HH, en consonancia con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), se presentó la denuncia penal para que la Justicia investigara si el titular de la UOCRA integró la "nómina del personal civil de inteligencia" del Batallón 601, durante la última dictadura militar, tal como surge de los documentos desclasificados. Pues en la lista del Archivo de la Memoria figura su nombre, junto a su número de documento. Y la información que brindó el Ejército indica que prestó servicios a esa dependencia militar, entre el 1° de marzo de 1982 y el 31 de diciembre de 1983. En una sentencia judicial, el juez federal Ariel Lijo definió al Batallón 601 como una asociación ilícita y “un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad”. Por ende, su personal de inteligencia debiera responder y ser condenado por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la UOCRA.
6) FRANCO MACRI: Las empresas del Macri mayor tuvieron un desarrollo importantísimo, de la mano de la última dictadura militar. Como ejemplo de sus turbios negociados, se expone la adjudicación de la primera privatización del servicio de recolección de residuos domiciliarios, Manliba, en 1979, con precios elevadísimos y condiciones absurdas. Y como símbolo de las condonaciones que lo beneficiaron, valga el nefasto día de 1982, en el que Domingo Felipe Cavallo, a cargo del Banco Central de la Nación, estatizó la deuda de sus empresas.
7) CARLOS PEDRO BLAQUIER:
Por ser cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la dictadura, el empresario azucarero fue procesado en dos causas por el juez Fernando Poviña. “La cooperación tuvo lugar en el marco de una persecución político-sindical, llevada a cabo por su empresa”, dice el escrito, que también alcanza al ex gerente administrativo Alberto Lemos. El primer expediente se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados el 24 de marzo de 1976. Y las otras 26 personas fueron secuestradas la Noche del Apagón, que contó con el auspicio de Ledesma.
8) CONSTANCIO VIGIL: En marzo de 1976, la revista El Gráfico, propiedad de Constancio Vigil y su editorial Atlántida, pedía que “la verdadera Argentina, tan malintencionadamente distorsionada en algunos países, sea bien conocida y comprendida”. Después del triunfo futbolístico de 1978, Videla fue reporteado por la plana mayor de la revista deportiva, su director y su jefe de redacción. Ernesto Cherquis Bialo, quienes confesaron lo “placentera” que fue la entrevista: “Frente a él, nos sentimos bien”. Por si acaso, la revista Gente, ésa que anunció con bombos y platillos la recuperación de las Malvinas, se encargó también de confirmar cuán bien la pasaba Vigil, sentado a la mesa de los genocidas.
9) OTILIO ROMANO: Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó de su cargo al juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Y a continuación, se dictó una orden de captura, porque se fue prófugo a Chile... El Jury de Enjuiciamiento encontró a Otilio Romano responsable por no actuar debidamente como magistrado durante la última dictadura militar y por intentar, ya en democracia, ocultar los delitos ocurridos entre 1975 y 1983. Hoy, penalmente, está procesado como partícipe de más de 100 delitos de lesa humanidad.
10) CHRISTIAN VON WERNICH: Confesor del ex Jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, el Padre de los genocidas fue condenado a reclusión perpetua el 9 de octubre de 2007, tras ser descubierto con una falsa identidad en Chile, por 7 homicidios calificados, 31 casos torturas y 34 privaciones ilegales de la libertad, en el marco del genocidio de la última dictadura militar. Sus delitos fueron probados sobradamente en los testimonios de los sobrevivientes de los diferentes centros clandestinos, recogidos en 1985 en el Informe de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparecidos). Pero a pesar de las contundentes pruebas de su directa participación, logró permanecer impune durante años, primero por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; y luego, gracias a la protección de una iglesia que todavía no se ha proclamado en relación a su accionar.
11) ERNESTINA HERRERA DE NOBLE:
Aliada fundamental de la Dictadura, hizo público y eterno su romance con los genocidas cuando
su “Gran Diario” encabezó con “Total normalidad”, la tapa que milímetros más abajo anunciaba: “Las Fuerzas Armadas ejercen el poder”. Chocó su copa con el dictador Jorge Rafael Videla, cuando en 1979 celebraron el macabro y mafioso traspaso de Papel Prensa, el monopolio que asoció a Clarín, La Nación y La Razón con el Estado, para abastecerse del papel y liquidar a sus competidores.
12) GREGORIO PÉREZ COMPANC: El empresario pasó de tener 12 empresas en 1976, a tener 48 en 1983. Y sus raíces locales comenzaron curiosamente a expandirse por esos años, con nuevos vínculos transnacionales, como por ejemplo, el de su Banco Río con el City Bank. Poco a poco, a fuerza de sangre, sudor y lágrimas, pero más que nada sangre y lágrimas, fue juntando moneditas hasta reunir los 1.400 millones de dólares que lo hicieron el hombre más rico de la Argentina. Hoy, llora la muerte de su mejor socio, el genocida José Martínez de Hoz, con quien compartía el Consejo Empresario Argentino, que tan bien veló por sus intereses… Alejandro Olmos Gaona, estudioso de la deuda externa argentina y ex asesor de Rafael Correa, da cuenta del amor entre Pérez Companc y la Dictadura: "Las deudas no eran reales: fueron fraguadas, en un acuerdo entre las empresas y los bancos extranjeros, para que después el Estado se hiciera cargo de los créditos. Ahí, no sólo estaban las empresas de Macri, sino también los Pérez Companc”.
13) BARTOLOMÉ MITRE:
Luis Mitre, hijo de Emilio y el nieto de Bartolomé I, fundador de La Nación, tomó como propia la carta de Sarmiento que le sugería a su abuelo “no ahorrar sangre de gaucho”. Y entonces fogoneó el Golpe del 30, con la misma vehemencia celebró el Golpe del 55, en una gestión que no se privó de boicotear a ningún liderazgo que oliera a democrático o popular. Pero el momento de éxtasis llegó para Bartolomito, bisnieto del original, que consumó el mayor negocio de la empresa familiar: la apropiación de Papel Prensa, manchada de sangre y en míseros 6 de millones de pesos, para impulsar junto a Clarín y la Dictadura el monopolio que todavía nos vende basura. Ahora, Bartolomitito, el tataranieto, vela por custodiar los intereses de esa corporación. Nosotros luchamos para que paguen en prisión.
14) HÉCTOR MAGNETTO: El exitoso CEO del oligopolio Clarín no se escondía, ni buscaba el perfil bajo, aquella tarde que se paró frente a Lidia Papaleo, la viuda de Daniel Gravier. Tras el asesinato de su marido, debió afrontar una presión insoportable, que el CEO de Clarín supo expresar muy bien: “Firme, o le costará su vida y la de su hija’”. Con tal amable propuesta, Magnetto logró que se suscribiera un boleto de venta, sobre el que los compradores adquirieron un imperio y los vendedores jamás tuvieron la posibilidad de opinar. “Ni sobre el precio, ni sobre los términos, ni sobre los modos de pago”. Por los golpes que sufrió estando detenida, Lidia debió ser operada de un tumor cerebral en la cárcel, donde además padeció la tortura, con la quemadura de genitales, pechos y abdomen. Pero sin embargo, si tuviera que elegir, no lo dudaría: “Prefiero ver los ojos de mis torturadores, que ver los ojos de Magnetto en el momento que me amenazó para firmar”.
15) JORGE ZORREGUIETA: Ex presidente de la Sociedad Rural y ex Presidente de la Cámara de la Industria Azucarera, fue Secretario de Agricultura de la Nación y, posteriormente, de Ganadería y Pesca. Denunciado en 2005 por el secuestro y la desaparición de la bióloga Marta Sierra, una empleada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que dependía de su Secretaría, ganó lugar en los medios por ser el padre de la princesa de Holanda, aunque allí también lo esperan para rendir cuentas: Alejandra Slutzky, de la agrupación H.I.J.O.S. holandesa, lo denunció por la desaparición de su padre, Samuel Leonardo Slutzky, desaparecido desde el 21 de junio de 1977, tras ser secuestrado por una “patota” de 15 personas vestidas de civil.
16) JUAN ERNESTO ALEMANN: Ex Secretario de Hacienda de la Nación, entre 1976 y 1981, fue imputado por un suceso de 1980, cuando concurrió a la Escuela de Mecánica de la Armada en calidad de funcionario público, a efectos de tomar contacto con Orlando Antonio Ruíz, quien se encontraba privado ilegítimamente de su libertad en ese centro clandestino de detención. A raíz de eso, fue acusado como coautor del delito de tormentos, agravados por tratarse de un perseguido político. Ya en 1992, compró el diario La Razón, al que convirtió en un órgano de propaganda del menemismo que auspició el indulto. En el 2000, se lo vendió a Clarín, empresa cómplice del genocidio que decidió no desprenderse de sus bondades como columnista. Y ahora, escribe en La Nación… Sí, los tres diarios que se apropiaron de Papel Prensa.
17) ALFREDO BISORDI: El juez de Casación se topó con un escrache de la agrupación H.I.J.O.S., en 2007, por haber cajoneado las causas de los genocidas. De antemano, tapó toda su casa con un material especial, para que no quedaran rastros de los bombazos de pintura: sí, todo un experto en borrar manchas. A diferencia de los demás actos de condena social, en aquella oportunidad no se pudo llegar hasta la puerta de la casa del particular escrachado, porque el operativo que montó para su propia "seguridad" cortó toda la cuadra. Tras retirarse de Casación, huyendo del juicio político que venía asomando, asumió la defensa del genocida Luis Abelardo Patti y, en pleno juicio, le gritó a la jueza que presidía el Tribunal, Lucila Larrandart: "Sé lo que es un juicio, porque fui su superior". Así se siente, superior, como se sentían los genocidas. Y allí mismo, tras calificar al represor como “perseguido político”, se refirió a la ex detenida-desaparecida de la ESMA Graciela Daleo como una "delincuente terrorista".
18) ALDO PROIETTO: En 1977, el ahora simpático panelista deportivo se desempeñaba como colaborador del General Etchegoyen, desde la dirección de prensa de la Provincia de Chubut. Y entonces, se hizo cargo junto a Daniel Garzón del departamento de difusión del Ente Autártico Mundial 78, dirigido por el Almirante Lacoste. Garzón pasó a llamarse Galotto, y con Proietto fueron parte de El Gráfico, que intentó lavarle la cara a la sangrienta dictadura militar. Entre tantas aberraciones, se recuerda la carta del holandés Krol a su hija, confesándole que en la Argentina se disparaban flores… Tiempo después, el jugador explicó que jamás escribió esas líneas. Pero Proietto, que sigue impunemente paseándose por los medios masivos, jamás desmintió haber escrito éstas en la revista Goles: “Quien esté contra el Mundial, será un enemigo del país”.
19) VICENTE MASSOT: Por su complicidad con la dictadura, el director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, está siendo investigado por la Justicia, a partir de los comunicados acerca de “supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos”, que complementaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181, y fotos de las víctimas robadas de sus casas. El Tribunal Oral Federal que condenó al primer grupo de represores del ex Cuerpo V del Ejército ordenó que se averigüen posibles “delitos de acción pública de los directivos del medio”, que hasta 2009 condujo Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que visitaba la ESMA e integraba el núcleo duro del diario, fue el Secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer apología de la tortura. Además, está en la mira por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, ex delegados de los trabajadores, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976. En un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, consta que los directivos documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”.
20) JULIO CASANELLO: Antes de ser Presidente del Comité Olímpico Argentino y profesor de olimpismo en el Círculo de Periodistas Deportivos, se desempeñó como intendente de Quilmes, entre 1979 y 1982. Tras llevar al QAC al campeonato del 78, como dirigente, fue elegido por los militares para la intendencia, bajo la gobernación de Ibérico Saint Jean, ese paladín del genocidio que alguna vez anunció: “Primero, mataremos a los subversivos; después, a sus colaboradores; después, a sus simpatizantes y, finalmente, a los tímidos”. Más de 30 años después, cuando el abogado Pablo Llonto y el atleta Martín Sharples irrumpieron en un acto para denunciar su lúgubre pasado y exigir su renuncia al COA, la lógica represiva lo volvió a seducir: mandó a un grupo de custodios que golpeó al deportista. “Yo vine aquí, para hablar de deportes”, dijo entonces. Y tenía razón: para hablar de la dictadura, irá a la Justicia.
21) EMILIO FELIPE MÉNDEZ: La propietaria de Loma Negra, Amalia Lacroze de Fortabat, como Martínez de Hoz y tantos otros civiles cómplices de la dictadura militar, tuvo el privilegio de morirse rodeada de sus seres queridos, una oportunidad que no tuvo ninguno de nuestros 30 mil compañeros desaparecidos. Por suerte, no tuvo la misma suerte su secuaz tandilense Emilio Méndez, condenado a 15 años de prisión por haber sido partícipe necesario en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, en complicidad con los ex oficiales del Ejército Julio Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda, todos condenados a Perpetua. Junto con su hermano Julio, tan juntos como estuvieron a la hora de cederle “La Quinta de los Mëndez” al Ejército, para que funcionara un centro clandestino de detención, fueron los dos primeros civiles cómplices condenados. ¡Que no se corte!
22) JULIO MANUEL MÉNDEZ: La propietaria de Loma Negra, Amalia Lacroze de Fortabat, como Martínez de Hoz y tantos otros civiles cómplices de la dictadura militar, tuvo el privilegio de morirse rodeada de sus seres queridos, una oportunidad que no tuvo ninguno de nuestros 30 mil compañeros desaparecidos. Por suerte, no tuvo la misma suerte su secuaz tandilense Julio Méndez, condenado a 15 años de prisión por haber sido partícipe necesario en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, en complicidad con los ex oficiales del Ejército Julio Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda, todos condenados a Perpetua. Junto con su hermano Emilio, tan juntos como estuvieron a la hora de cederle “La Quinta de los Mëndez” al Ejército, para que funcionara un centro clandestino de detención, fueron los dos primeros civiles cómplices condenados. ¡Que no se corte!
23) NESTOR LUIS MONTEZANTI: Camarista y escritor, presenta una curiosidad: es profesor, pero llama “operativos de contrainsurgencia” a los crímenes de lesa humanidad. Tal vez por eso, pesa sobre él un pedido de juicio académico, en la Universidad Nacional del Sur. No por capricho fue señalado como partícipe del terrorismo de Estado, por sus propios compañeros docentes, quienes se basaron en los resultados arrojados por la desclasificación de archivos de los servicios de inteligencia de la Dictadura, realizada a partir del decreto 04/2010. En el relevo de los listados de Personal Civil de Inteligencia (PCI) que prestaron servicios a las Fuerzas Armadas en el período comprendido entre 1976 y 1983, los datos oficiales del Ejército confirmaron su participación como “asesor universitario” del Destacamento de Inteligencia 181, dependiente del Batallón 601 de Capital Federal, entre enero de 1981 y mediados de 1982.
24) ADOLFO ‘TOCO’ NAVAJAS ARTAZAS: El empresario yerbatero tuvo el “honor” de ser designado Interventor de Corrientes, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Y tal vez por esa experiencia comunitaria o humanitaria, Reynaldo Bignone consideró que era el hombre ideal para encarnar su Ministerio de “Acción Social”, desde el 22 de septiembre de 1982 hasta el 10 de diciembre de 1983. Como mérito, fue acreedor de una jubilación de privilegio, hasta el 2008. Acusado por la desaparición de un dirigente rural, también estuvo en la mira de la Justicia por los cuerpos NN que se hallaron en su cementerio privado. Ante los sucesivos escarches que lo vincularon al genocidio, lejos de desmentirlo, su testimonio lo confirmó: “Yo fui ministro de la hoy llamada Dictadura… Gracias a esa Dictadura hoy estamos en democracia. Hay que ser prudentes y no revolver esto, pero téngalo presente: estamos en democracia porque se derrotó a la subversión”.
25) JOSÉ MIJALCHIYK: Tantos pecados cometió que le soltó la mano hasta el propio Dios: fue el primer y único miembro de la Iglesia juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán. No sólo cosechó denuncias por su participación directa en las sesiones de torturas, sino que además fue acusado de utilizar su función de religioso para recabar información de las víctimas en previas confesiones, por lo cual debió presentarse a declarar ante la Justicia terrestre: en noviembre de 2012, entró al Tribunal Oral Federal vestido de obispo... Sus últimos días, si dios quiere, serán en cana.
26) LUIS MIRET Al igual que muchos otros jueces cómplices, comenzó sus relaciones con la ilegalidad desde antes del Golpe, aún cuando las garantías constitucionales estaban vigentes. Integrante de la Cámara Federal de Mendoza, propició los allanamientos ilegales nocturnos, sin testigos ni orden de ningún juez; las detenciones ilegales, las torturas y las “indagatorias” judiciales sin presencia de abogados defensores, con los detenidos amordazados… Visitó los centros clandestinos de detención, vio el estado en el que se encontraban los secuestrados y, no conforme con su complicidad, hasta llegó a burlarse de ellos. Impune y cobrando fortunas como juez federal, llegó hasta 2010, cuando fue suspendido. Ya no ocupará ningún lugar en el Poder Judicial. Sólo resta definir qué lugar ocupará en Marcos Paz.
27) GLORIA GIROTTI: Abogada y profesora de Derecho en los Contratos en la Universidad Nacional del Sur, fue secretaria del juzgado federal de Bahía Blanca durante la última dictadura militar: interrogatorios a personas visiblemente torturadas y negligencia en el tratamiento de hábeas corpus, entre otros, son los delitos que se le adjudican. Desde 1975 hasta 1979, se desempeñó como mano derecha del entonces juez federal de Bahía Blanca, Guillermo Federico Madueño. Y según el fiscal federal Abel Córdoba, “el juzgado federal se sumó al plan represivo de la dictadura. Adel Vilas, segundo comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, ha reconocido que a la noche se juntaba con Madueño, para hablar de la ‘subversión’ y planificar. La actuación en todos los expedientes es conjunta”.
28) GUILLERMO PETRA RECABARREN: El ex Juez de la Cámara Federal renunció a su cargo cuando todavía parecía impensado que se reabrieran los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Finalmente, fue acusado de no haber investigado 26 denuncias de desapariciones y secuestros, en la megacausa que elevó a juicio el juez federal Walter Bento, imputando también a Luis Miret, Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo. Como todos sus socios, Petra Recabarren no actuó conforme a derecho entre 1975 y 1983, ya que obvió intencionalmente las pruebas existentes sobre denuncias concretas de secuestros y desaparición. Y ya en democracia, intentó boicotear todas las presentaciones e investigaciones en contra de quienes formaron parte del aparato represivo.
29) JULIO GRONDONA:
Por si no bastara como prueba la impronta antidemocrática de su eterna gestión en la AFA, el camaleón mafioso del negocio futbolero aterrizó en su trono de la mano de los genocidas, porque antes de esas ficticias elecciones donde lo eligen los presidentes de los clubes asfixiados por él mismo, Grondona fue elegido por la Dictadura. En 1979, recién asumido, utilizó al Mundial Juvenil para acallar a las Madres, en sintonía con el grito servil de José María Muñoz. Y en el 82, envió un equipo argentino a España, mientras otros tantos pibes argentinos eran enviados a Malvinas. Lejos de ser una víctima o un rehén, el dictador de la pelota propuso a Lacoste, cerebro y puño del EAM 78, como vice de la FIFA, en 1980. Pero no sorprendió: ya un año antes, había negociado con Massera la designación del vicecomodoro Julio César Santuccione, como presidente del Colegio de Árbitros, y la del Coronel Ángel Michel, al frente del Tribunal de Disciplina. Queremos fútbol para todos. Y Justicia para todos, también.
30) JOSÉ MARÍA DAGNINO PASTORE: Mucho más dañino que pastor, el empresario exhibe un par de puntos dorados en su currículum vitae: fue elegido en dos oportunidades como Ministro de Economía de la Nación. Eso sí, en ambas ocasiones resultó designado por dictaduras militares. Tras responder obedientemente a las órdenes de Onganía, se comprometió lealmente a la conducción del genocida Reynaldo Bignone, pero por si acaso, para terminar de embarrar la cosa, después de su gestión se sumó al directorio de la cementera Loma Negra, una de las empresas más beneficiadas por sus maniobras desde el Estado. En 2005, la Facultad de Derecho de la UBA lo excluyó de su plantilla docente debido a su "falta de idoneidad moral". Y sus últimas noticias mediáticas, trascendieron el año último, cuando pretendió instigar al desalojo de 230 familias, reclamando las tierras como propias, mediante sus testaferros. Desde allí, los vecinos del asentamiento lo llaman “el Blaquier de Moreno”.
“Es algo que todo el mundo lo sabe: en Corrientes la Policía espía a los políticos opositores”, dijo el actual Presidente del PJ local y candidato a Intendente de Capital, ingeniero Fabián Ríos. El también legislador provincial denunció que “muchos policías comentan que tienen órdenes de seguir a uno u otro. Eso lo saben todos. O que el Jefe de Policía se reporta directamente al Gobernador, pasándole los movimientos políticos”. Ríos dijo que no responderá más a Colombi por sus duros dichos en un discurso partidario
“Todos saben que eso pasa. En Corrientes la Policía espía a los políticos opositores”, dijo el actual Presidente del PJ local y candidato a Intendente de Capital, ingeniero Fabián Ríos.
“Muchos policías comentan que tienen órdenes de seguir a uno u otro. Eso lo saben todos. O que el Jefe de Policía se reporta directamente al Gobernador, pasándole los movimientos políticos. Que el Gobernador vaya al interior, y les diga a los intendentes o dirigentes políticos y les diga que si no le apoya tendrá problemas legales. O que el Fiscal llame a una Diputada y la amenace que su marido podría caer preso. Eso pasa… nadie puede negar eso”, expresó el legislador nacional
“Entre los cambios que pretendemos están estas cosas: que la Policía está para cuidar a la gente; y que la Justicia debe estar en servicio de la gente, y todo eso debemos cambiar de raíz”, agregó Ríos
Sin más respuestas a Colombi
Según Ríos, el responder a los duros epítetos de Colombi en ámbitos judiciales “sería gastar la discusión en algo sin sentido. Fue una bajeza de su parte, y seguir discutiendo por lo mismo será bajarse a su nivel, y eso no lo haremos”
“A él le puede faltar nivel para discutir lo que es su Gobierno, o los problemas particulares que son problemas que él mismo genera. Cuando habla de persecuciones judiciales, de la utilización de medios ilegales para realizar escuchas… todo eso nació en Corrientes con su primer gobierno, y hoy siguen”, sostuvo
Pide paciencia
“Insisto que nos tengan paciencia. Cuando terminemos el proceso interno nos vamos a sentar a conversar”, manifestó Ríos, en referencia a recientes enojos de socios políticos.
El titular del PJ habló sobre el papel de los partidos provinciales en el armado del esquema partidario: “de hecho siempre se han integrado los partidos provinciales, hoy hay sectores del Panu que ya están integrados y aspiramos a ampliar más la base de participación”
Respecto a otros probables aliados, expresó: “debemos comprender lo que queremos ser y el modelo de provincia que queremos construir. Cualquiera puede corregir su rumbo. Hay muchos que fueron críticos con el kirchnerismo y hoy están sumados al modelo”
Al referirse a los límites que se imponen para ser ‘socios electorales’, aclaró: “no hay límites políticos. Hay sí límites referidos a la colaboración en épocas de la dictadura, eso roza lo moral… lo humano. Lo demás es discutible”
La Ley 24.429 de instrucción “voluntaria” dictada en 1995 tiene un artículo, el 19, que permite recurrir a la vieja norma de la dictadura para un llamado compulsivo, si las Fuerzas Armadas no cubren el cupo de inscriptos. Ex colimbas, organismos de Derechos Humanos y referentes sociales intentan que eso se modifique.La mayoría no lo sabe, pero la "colimba" aún es obligatoria. Iniciaron una campaña para derogarla
El servicio militar sigue siendo obligatorio en la Argentina, pero la gran mayoría de la gente cree que no. A grandes rasgos se conoce la existencia de una ley que lo declaró voluntario en 1995, meses después que el crimen del conscripto Omar Carrasco desencadenara una serie de debates que supuestamente eliminaron el llamado compulsivo de las Fuerzas Armadas a integrar sus filas. Desesperadas, más que por contar con soldados para conflictos bélicos con el extranjero -en los que solían rendirse al segundo tiro-, por tener carne fresca para pintar cuarteles, barrer galpones o limpiar baños de los casinos de oficiales.
Aquella ley actualmente vigente, recordada como la del “Servicio Militar Voluntario”, es la 24.429, que no sólo no deroga su antecesora 17.531 de obligatoriedad a la instrucción, sino que además deja una puerta abierta para recurrir a esa norma en caso que el gobierno lo ordene.
La 24.429, recordada como “Ley Carrasco”, modificó la manera en que las tres Armas pasaron a nutrirse de personal. El sistema de sorteo para Marina, Fuerza Aérea y Ejército pasó a convertirse en inscripción abierta, decidida como opción por candidatos que elegían la carrera militar, reglamentada y con salario. Pero no significa, como se piensa generalmente, que la imposición a formar filas militares se haya desterrado definitivamente.
El resquicio lo facilita el artículo 19: "En el caso excepcional que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados de acuerdo con el artículo 3, el Poder Ejecutivo podrá convocar, en los términos establecidos por la ley 17.531, a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad y por un período que no podrá exceder de un año”. Y agrega: "Para realizar la convocatoria el Poder Ejecutivo deberá previamente requerir la autorización por ley del Congreso Nacional, expresando las circunstancias que motivan la solicitud y las razones por las cuales no pudieron cubrirse los cupos pertinentes.
Los ciudadanos que ingresen a las filas de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo previsto por el presente artículo, tendrán los mismos derechos y obligaciones enunciados en el artículo 2 y percibirán una retribución equivalente a la establecida en el artículo 4 de la presente ley”.
“NOSOTROS LA LLAMAMOS ‘LEY TRAMPA’”. Los antecedentes del SMO se remontan a comienzos del 1900 con la Ley de Vagos (o “de Leva”), mencionada por José Hernández en el Martín Fierro. La falta de soldados para contener a los indios en "fronteras" internas, y la necesidad de mano de obra para saladeros y grandes estancias, derivó en una norma con la que se combatió el "nomadismo, la delincuencia rural y el vagabundeo". El llamado obligatorio a integrar las fuerzas de seguridad de la época abarcó a varones de entre 18 y 40 años que no tuvieran propiedad ni trabajo estable, y tampoco pudieran acreditar ocupación. Algunos gauchos se salvaban: los que presentaban su "papeleta de conchabo" firmada por sus patrones.
"La excusa del poder –dice Horacio Verstraeten, uno de los impulsores de la derogación definitiva del SMO– era ‘emparejar’ a los ricos y pobres para ‘cumplir con la patria’. Con el invento de educar a los muchachos campesinos en los altos valores de la patria. Pero a su vez, la Leva tomaba cosas de lo ocurrido durante las guerras de la Independencia, cuando el esclavo entraba al Ejército y ese paso lo convertía en un hombre libre. El problema vino al finalizar los movimientos independentistas. ¿De qué manera se conseguirían hombres a partir de ese momento? Ahí vino la obligación, la imposición”.
Horacio Righi es otro de los que trabaja para modificar la reglamentación. "A la 24.429 también la llamamos ‘Ley Trampa’ –explica–, porque tiene pocos artículos que por lo general no se conocen, y uno especialmente que remite expresamente a la obligación de presentarse en un cuartel si el Estado lo requiere. Los tiempos cambiaron, pero la mentalidad militar, ese mandato cultural tan vinculado con la superioridad, el honor y lo correcto, nos sigue marcando. Siempre la ‘seguridad’ estuvo cómoda luchando contra fantasmas. En aquellos años el anarquismo, el socialismo y los movimientos comunistas. Y hoy podría ser lo que tan genéricamente se llama ‘delincuencia’ relacionada al pobre. El general Pablo Ricchieri decía que la instrucción militar moralizaba a la ciudadanía, por ejemplo".
LA PRIMERA PIEDRA TIRADA POR EL FOSMO.
En pleno conflicto de Malvinas, Eduardo Pimentel, co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se negó a que su hijo cumpliera el SM amparándose en el principio de patria potestad. En una carta enviada a Reynaldo Bignone, Stojan Tercic exigió lo mismo para su hijo Alejandro: "De acuerdo a mi conciencia y ejerciendo la autoridad de la patria potestad, he decidido no autorizar a mi hijo Alejandro responder al llamado de conscripción. Mi decisión está basada en la convicción de que el SM se opone a la ley de Dios, que dice ‘No matarás’, y no hay ley alguna superior a la ley de Dios". Lo mismo hizo Fernando Angel Portillo para con su hijo clase 1965. En un mensaje redactado a Raúl Alfonsín, ya en democracia, desconoció el Servicio por "imperativo de mi conciencia cristiana".
El debate derivó en la creación del Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (FOSMO), una iniciativa pensada como "pluralista y ecuménica" que definía a la instrucción como un "severo régimen disciplinario con violencia física, psíquica y moral", sin que exista "posibilidad real de repelar los actos arbitrarios y humillantes" de las Fuerzas. En uno de sus documentos, titulado “Un derecho todavía violado”, Pedro Vendramín recordaba la creación del SMO en 1901. Y citaba expresiones del diputado Demaría en una conferencia dictada en el Colegio Militar por Manuel Carlés en 1915: "El oficial siente que la Nación le confía la redención del conscripto inculto, ignorante y perverso, argentino de nacionalidad pero bárbaro de condición, que constituye un peligro para la estabilidad social y una amenaza para nuestra cultura”.
LA CAMPAÑA POR LA ABOLICIÓN.
Son casi 500 los adherentes a la abolición del SMO iniciada en el 2009, y muchos de ellos aportaron ideas para un proyecto de Ley que derogue definitivamente a la 17.531. Apoyan instituciones y organismos de DDHH como CELS, SERPAJ, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, CEMIDA, APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros. Y distintas personalidades y referentes sociales como Osvaldo Bayer, Miriam Lewin, Julio Morresi, Norman Briski, Teresa Parodi, Raúl Zaffaroni, Bernardo Alberte, Claudia Puyó, Rodolfo Mattarollo, Carlos Slepoy, Aldo Etchegoyen, Fernando Portillo, Mirta Mántaras, Sara Steimberg, Pablo Llonto, Stella Calloni y Julia D´Andrea Mohr.
"Evidentemente sabemos que bajo este contexto político –afirma Verstraeten–, es imposible que ocurra un llamado a formar tropas (ver recuadro), pero una de las características que tiene este país es pretender resolver las cosas una vez que explotaron. Aunque la gran mayoría de la gente no lo sepa, existen intereses muy fuertes para que la conscripción sea obligatoria, sobre todo en el interior. En las provincias, la colimba está relacionada con la fuerza del trabajo, los servicios, las prebendas. ¿Recordás el debate alrededor de la resolución 125? Se llegó a decir que si no había producción de carne, con las miles de vacas que tenía el Ejército alcanzaba para cubrir la demanda de toda la población. ¿Y quién cuida esas vacas, y la infraestructura militar en general? Por eso son tan ‘necesarios’los colimbas”. «
“La colimba es sinónimo de servidumbre y humillación”
La campaña para la derogación definitiva de la instrucción militar arrancó por casualidad, en la mesa de un bar. Ricardo Righi, Horacio Verstraeten y Gustavo Capra, tres conscriptos durante los años setenta, elegían temas para su programa de radio La voz de los colimbas (AM 1010 Onda Latina, jueves 18 a 20 hs.), hasta que uno dijo: "Che, el servicio sigue siendo obligatorio y nadie lo sabe. ¿Qué podemos hacer?" A partir de ese momento, mediados de 2009, el grupo consiguió casi 500 adhesiones a la idea, que apunta como objetivo final a que el Congreso de la Nación apruebe una ley en remplazo de la actual. Que deja abierta la puerta para un llamado compulsivo de ciudadanos, dato que la mayoría de la gente no conoce.
–¿Qué fue lo primero que hicieron?
R.R.: –En la radio hablábamos de temas generales que tenían que ver con la problemática del conscripto, la cuestión de los ex combatientes en Malvinas, y algo que es central: los colimbas secuestrados durante la dictadura militar. Fijate que hasta hace muy poco tiempo, esos pibes desaparecidos después del golpe de Estado de 1976 eran considerados "desertores", y nadie se ocupaba de ellos. Pero la cosa cambió cuando Nilda Garré fue ministra de Defensa.
–Coincidió con una convocatoria de Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de DDHH de la Nación, para que aquellos que habían realizado la instrucción en esos años contaran lo que habían visto.
H.V.: –Sí, fue una forma de decirnos "muchachos, pierdan el miedo". Con respecto a la campaña, empezamos a trabajar para la derogación desde distintos lados. Armamos un blog, derogaciondelsmo.blogspot.com, fuimos pidiendo apoyos de instituciones y personalidades, y al mismo tiempo organizamos charlas con diputados y senadores. Hay que advertirle a la gente que el servicio militar sigue siendo obligatorio, que la denominada Ley Carrasco es sólo una suspensión del llamado, y que la norma vigente deja una puerta abierta para la convocatoria.
R.R.: –Pero además, lo importante es entender lo que el SMO representa como mensaje, en un país donde el autoritarismo y la represión fueron permanentes.
H.V.: –Yo creo que sin colimbas, los militares no podrían haber tenido detenidos desaparecidos durante años. Me refiero a la tremenda estructura que debían mantener en aquel tiempo. Eran los colimbas los que cocinaban, los que limpiaban, y hasta los que se encargaban de las revisaciones médicas. Si ibas al consultorio, a lo mejor el que te recibía era un pibe como vos, que había pedido prórroga y se desempeñaba como oficial de reserva o aspirante. Es muy difícil contar esto a un chico que hoy tiene 18 años, y que no conoce el poderío que la clase militar llegó a tener en este país.
–Es imposible que dentro del contexto político actual exista un llamado obligatorio. Pero ustedes explican, en los espacios de difusión, lo importante que es adelantarse a los problemas.
H.V.: –Porque toda ley es una construcción abstracta que imagina un futuro, y en materia civil hay ejemplos claros de eso, como los avances en el matrimonio igualitario. Vos tratás de reglamentar ese futuro, considerando distintas variables. Por supuesto, no hay ningún tipo de posibilidad de que el kirchnerismo llame masivamente a la colimba, pero cuidado, porque existen otros sectores que trabajan para eso. ¿Por qué no tenerlo en cuenta? ¿Siempre vamos a estar atrás de los acontecimientos, desesperándonos por solucionarlos cuando ya ocurrieron? Uno de los que militan para el servicio militar obligatorio es el diputado salteño Alfredo Olmedo, por ejemplo. La cuestión es más compleja, hay muchos intereses detrás de esto.
–¿Por qué?
H.V.: –Como aclaración, digamos que detrás del SMO hay mitos y falsas creencias que es necesario desenmascarar de una vez por todas. El discurso oficial histórico en este país marcaba que la conscripción ofrecía igualdad, y eso es mentira. Porque si afuera hay ricos y pobres, adentro de los regimientos también. Lo primero que te preguntaban era qué sabías hacer, y si conocías de costura, escribías o te manejabas en determinado oficio, no salías más, porque eras útil. Al contrario, se discriminaba a los otros, condenados a barrer o limpiar baños. Siempre la colimba fue sinónimo de servidumbre y humillación, vos "le servías" a un militar, eras su esclavo. Y bajo circunstancias increíbles, porque a lo mejor, un pibe de 18 años estaba mejor formado que un oficial de 20, y sin embargo ese mismo oficial lo denigraba permanentemente.
–¿Cuáles son los próximos pasos?
R.R.: El objetivo último es que el Congreso aprueba una ley definitiva que no deje lugar a interpretaciones distintas: el servicio no es obligatorio, y punto. Queremos informar a la gente, aclararle que si no cambiamos esto, alguien podría convocar a los pibes en un futuro, y tendría respaldo legal para hacerlo si no nos movemos a tiempo.
La iniciativa fue presentada por el Frente Para la Victoria y pretende extender a toda la provincia las experiencias de la Capital, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Saladas, donde la gratuidad del servicio es “universal” para todos los estudiantes de nivel inicial, primarios, secundario, terciario y universitarios. Se diferencia de la propuesta de Paso de los Libres donde para acceder al beneficio se requiere certificado de pobreza y justificación de la necesidad de la gratuidad del transporte.
Se presentó una iniciativa legislativa del Frente para la Victoria para que en toda la provincia rija el boleto escolar gratuito de transporte. La intención es que la Provincia acompañe a las comunas que lo implementan e incentive el servicio gratuito en comunas que no tienen el servicio gratuito.
Según explicó la diputada Sonia López, autora del proyecto, la intención no es que la Provincia se haga cargo de instrumentar el Boleto Gratuito sino que sea un nexo para que se instrumente en las comunas que tienen servicios de transporte urbano e interurbano.
En ese sentido, se promueve incluso una ley que cree un fondo provincial con recursos para garantizar la prestación gratuita a todos los estudiantes que actualmente pagan con descuentos o el boleto general.
“Se pretende que el Estado provincial acompañe las necesidades de las comunas que implementan el boleto gratuito, las que tienen en estudio implementarlo y aquellas comunas que no cuentan con recursos suficientes para otorgar el beneficio de la gratuidad” dijo López.
La legisladora sostuvo que la Provincia está en condiciones de involucrarse en una política de tamaña relevancia social como el boleto escolar gratuito.
“En Capital el proyecto de boleto escolar gratis con muy buen fundamento fue presentado por concejales del bloque opositor, constituido en parte por referentes de sectores políticos alineados al Gobierno Provincial lo cual debería ser motivo de acompañamiento del Gobierno provincial a nuestra propuesta” expresó
Sorpresivamente, y mientras se esperaba el llamado a Sesiones Extraordinarias para tratar el Boleto Estudiantil Gratuito, el Intendente libreño, Eduardo Vischi, dictó una resolución, la Nº 36 del 1/03/13, mediante la cual se implementa el Bono Educativo Gratuito solamente para aquellos alumnos y docentes que ameriten su imposibilidad de hacer frente al boleto estudiantil que hoy sale $ 1,35.
Esta medida altamente discriminatoria ya que hay que demostrar situación de pobreza para ser beneficiario y quedar a la arbitrariedad de las autoridades municipales que son quienes determinan si se otorga o no, ya que no es automática, se da luego que el Frente para la Victoria presentara un proyecto para implementar el Boleto Estudiantil Gratuito para todos los estudiantes de todos los niveles, hecho que sin duda llevó a que el alcalde local decidiera tomar otra medida similar para no quedar expuesto ante la comunidad.
Lamentablemente los intereses comerciales y políticos llevo a que un derecho, de evidente inclusión social, que corresponde a todos los estudiantes sin exclusiónes sea solamente para quienes le demuestren a Vischi y sus funcionarios que no pueden pagar el boleto.
Desde la presentación del proyecto del FpV para la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito se suponía que Vischi y sus concejales no podrían oponerse a esta medida que incluía a todos los estudiantes de todos los niveles, pero nuevamente la soberbia y la permanente actitud de discriminación llevó a que, aduciendo contacto con solo tres centros de estudiantes, firmara la resolución Nº 36 del 01/03/13 mediante la cual se otorga no ya un Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) sino que lo llamó Bono Educativo Gratuito (BEG) tratando de diferenciarse del proyecto del FpV aunque en la ridícula medida las iniciales siguen siendo las mismas. Hasta en estas cuestiones la soberbia y la mediocridad lo llevan a tratar de hacer una diferencia de neto corte infantil de niño malcriado.
La diferencia substancial entre ambos proyectos es que en el del FpV el beneficio era para todos los estudiantes sin exclusión, en el del Intendente Vischi es solamente para aquellos estudiantes que presenten “certificación que acredite la imposibilidad económica de adquirir el boleto, expedido por la autoridad competente” y para docentes que estén incluidos en igual condición de imposibilidad económica, además de estos condicionamientos totalmente discriminatorios se agrega a que el otorgamiento de los Bonos queda a entera determinación de la autoridad municipal, puesto que ni siquiera la presentación de la documentación habilita al estudiante o docente a percibir el beneficio, quien debe finalmente decidir a quién se le otorga el Bono.
Según la norma implementada por Vischi dice taxativamente que “Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Humano, previo al otorgamiento del Bono Educativo Gratuito, en los casos que considere necesario puede constatar la veracidad de los datos registrados en los documentos presentados por el beneficiario de conformidad con lo establecido.
La sola presentación de los documentos exigidos no dan derecho a obtener el BEG, y el área social del Municipio debe tener en cuenta para otorgar el BEG de manera especial: la mayor distancia que existe entre la residencia del solicitante y el establecimiento educativo; y la circunstancia que imposibilita al solicitante adquirir el boleto de transporte público de pasajeros.”, medidas que de hecho demuestran la visión de neto corte conservador del Intendente Vischi.
Cabe destacar que existen innumerables sospechas de una estrecha relación comercial entre Vischi con la empresa de transporte urbano, además el hecho de que la empresa le daría mensualmente al municipio 6 mil pasajes para que la comuna distribuya gratuitamente, que curiosamente sería la suma estimativa de los pasajes o Bonos que la municipalidad distribuiría mensualmente a estudiantes, de acuerdo al criterio unipersonal de los funcionarios de Desarrollo Humano y que a partir de esta resolución dictada por Vischi ya no serían gratuitos sino que la comuna comenzaría a abonar los mismos, un negocio redondo como se puede ver.
La norma presentada por Vischi convivirá con el actual boleto estudiantil que es el 50% del valor del boleto común, que actualmente es de $2,75, pero según declaraciones del propio Intendente efectuadas a fines del año pasado, dicho valor se elevaría a $ 3,00. En este sentido cabe destacar que el proyecto presentado por los ediles del FpV determinaba además retirarle la potestad al intendente de fijar el precio del Boleto Urbano a su exclusivo criterio, sin pasar por el Concejo Deliberante, hecho que en sí mismo fue determinante para Vischi y sus intereses mantener dicha facultad ya que a partir de la puesta en vigencia de la Resolución 36/13 los ediles radicales y sus aliados votarían en contra de la ordenanza del FpV aduciendo que la misma se convirtió en abstracta ya que el Ejecutivo ya contempla una medida similar, pero que justamente mantiene enormes diferencias entre un proyecto y otro y le quita facultades al ejecutivo.
Nuevamente en esta Ciudad Grande las diferencias sociales y políticas son más que evidentes y se está ante un avasallamiento permanente de los derechos de ciudadanos libreños, mientras tanto en actitudes eminentemente personalistas desde la oposición del FpV y del PJ hay quienes siguen, increíblemente, complotando con la materialización de los sueños de los libreños, que como en este caso sería el del boleto gratuito para TODOS los estudiantes.
Esas actitudes de enorme mezquindad política y hasta social de quienes pretenden ser más que los que realmente son, de quienes quieren negar una realidad que está a la vista de todos y de quienes quieren seguir con los resentimientos de años anteriores, comprometen seriamente el cambio tan ansiado.
En política el poder se construye no solamente con la espada, sino que el arma más efectiva es la palabra y la posibilidad de que mediante la misma se construyan consensos serios y compromisos perdurables. El líder no es el que toma todas las resoluciones, el líder es aquel que contempla a todos y que en definitiva es el beneficiario de esos consensos.
Desde mañana la actitud de todos los peronistas debe ser salir a tratar de levantar a la comunidad en respaldo de una norma que contemple a todos los estudiantes y no solo a aquellos a los que se les someterá a la obligación de ir a la Policía o a la justicia a sacar un certificado que diga que no puede pagar el boleto escolar y luego quedar a expensas que una funcionaria municipal decida si es beneficiario o no al boleto gratuito.
Hacer eso sería una muestra de responsabilidad y podría ser el puntapié inicial para lograr el cambio que la mayoría de los libreños reclama. (surcorrentino)
Robo de arena en caminos vecinales
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*A un camino los están transformando en un arroyo*
Vecinos de la zona, denunciaron el estrago que desconocidos vienen llevando
a cabo desde hace varios años...
